Con 150 votos afirmativos, la Cámara Baja avanzó con una ley que busca restituir derechos, asegurar prestaciones y proteger a beneficiarios y prestadores del sistema. El oficialismo anticipó que podría vetarla.
En una nueva derrota parlamentaria para el Gobierno nacional, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la declaración de emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2026. El proyecto, impulsado por Unión por la Patria y acompañado por una amplia mayoría opositora, busca frenar el impacto del ajuste sobre personas con discapacidad, prestadores y organizaciones del sector.
La iniciativa fue votada con 150 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones, y ahora será girada al Senado. La medida incluye financiamiento garantizado para pensiones, actualización de aranceles, apoyo a talleres protegidos, y una asignación de emergencia para prestadores. La emergencia podría prorrogarse por un año más si se sanciona la ley.
Claves del proyecto aprobado
-
Emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con prórroga por un año más.
-
Garantiza el financiamiento de pensiones no contributivas.
-
Otorga una compensación económica de emergencia a prestadores.
-
Actualiza mensualmente el nomenclador de aranceles para servicios de salud y transporte.
-
Asegura presupuesto para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
-
Refuerza la asignación estímulo para quienes trabajan en talleres protegidos.
-
Facilita el ingreso al régimen de empleo protegido.
-
Convierte de oficio pensiones por invalidez en pensiones por discapacidad.
El proyecto fue defendido en el recinto por el diputado Daniel Arroyo, exministro de Desarrollo Social, quien denunció que la situación actual “desorganiza la vida de las familias” y genera un “vaciamiento del sistema”.
Impacto fiscal moderado y malestar social creciente
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto de la ley sobre las cuentas públicas sería acotado:
-
Nuevas pensiones: 0,22% a 0,42% del PBI.
-
Compensación a prestadores: 0,03% del PBI.
-
Talleres protegidos: 0,0008% del PBI.
En su discurso, Arroyo ilustró la urgencia: “Una persona que trabaja en un taller protegido cobra $28.000 por mes. No se actualiza desde febrero de 2023. El transporte está desfinanciado, y los hogares de cuidado están al borde del cierre”.
La medida también busca erradicar el maltrato institucional, al cuestionar normativas que aún utilizan términos discriminatorios como “idiota” o “imbécil”, y prácticas como el envío masivo de cartas documento y auditorías sin criterio claro.
El Gobierno anticipa veto
Desde la Casa Rosada, el presidente Javier Milei ya anticipó que vetará cualquier ley que implique gasto adicional no financiado. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reiteró esa posición esta semana al afirmar que “no hay margen para medidas sin sustento fiscal”.
Aun así, la contundencia de la votación en Diputados representa una señal política: el ajuste comienza a encontrar límites en el Congreso, y la emergencia en discapacidad se convierte en un nuevo foco de conflicto institucional.
