La iniciativa busca frenar agresiones, asegurar el acceso a la información pública y resguardar la integridad de trabajadores de prensa en manifestaciones y coberturas sensibles.
Un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto de ley que busca fortalecer la protección institucional de periodistas, fotorreporteros y trabajadores de prensa frente a situaciones de violencia, restricciones indebidas y vulneraciones a su labor profesional.
El objetivo principal es garantizar el ejercicio libre, seguro y sin represalias de la actividad periodística, tanto en la vía pública como en contextos de manifestación, cobertura institucional o tareas de investigación.
La iniciativa plantea una respuesta legal e institucional frente al aumento de agresiones físicas, amenazas, hostigamiento digital y discursos de estigmatización, al tiempo que promueve medidas concretas para prevenir estos hechos y sancionar a quienes atenten contra la libertad de prensa.
Claves del proyecto
Entre los principales puntos del texto legislativo se destacan:
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Protección integral de la actividad periodística: Se establece la obligación del Estado de generar condiciones seguras y propicias para que periodistas puedan ejercer su profesión sin temor a represalias ni agresiones.
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Prevención y sanción de ataques: El proyecto propone investigar, juzgar y sancionar toda forma de agresión, amenaza, intimidación o impedimento al ejercicio profesional.
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Discursos públicos responsables: Se exige a los funcionarios públicos abstenerse de declaraciones que puedan incitar o justificar violencia contra periodistas, promoviendo un discurso que contribuya a la convivencia democrática.
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Resguardo del secreto profesional: Se garantiza el derecho a la reserva de fuentes, así como la protección de apuntes, archivos y materiales de trabajo.
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Acceso a la información pública: El proyecto obliga a las autoridades estatales a garantizar el acceso a documentos, sitios oficiales y respuestas oportunas, incluyendo instancias como conferencias de prensa.
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Protección en contextos de protesta o manifestaciones: La norma prohíbe que los trabajadores de prensa sean hostigados, detenidos, requisados o violentados por registrar hechos en espacios públicos. También prohíbe que fuerzas de seguridad les impidan filmar o registrar imágenes.
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Campañas de concientización: Se prevé que el Estado desarrolle campañas públicas que destaquen la importancia del periodismo libre y plural en la sociedad democrática.
Un marco legal frente a la violencia
El proyecto se presenta en un contexto donde distintas organizaciones nacionales e internacionales han advertido sobre el creciente clima de hostilidad hacia periodistas, especialmente en coberturas de manifestaciones, investigaciones sensibles o tareas en redes sociales.
Además, subraya que la libertad de prensa no puede depender de la voluntad política ni del contexto, y que el Estado tiene una responsabilidad activa en su protección.
